No corren buenos tiempos para el mtb balear, corrijo porque el de afuera no lo conozco, mallorquín. Empezamos ya mal, en negativo, y según como vaya avanzando la exposición del problema vamos a terminar con depresión profunda o por contra, felizmente ilusionados.
Históricamente la gestión de la red viaria ha recaído en los ayuntamientos y Consell que son los entes que se supone tienen la información y el control sobre estos bienes. Solo en parte, ya que por la fuerza de la costumbre o por simple dejadez muchos de estos itinerarios se han perdido, bien por abandono, catástrofes naturales, apropiaciones indebidas, pérdida de documentación y muchas otras causas más, es por ello que hace ya bastantes años se recurrió por parte de los municipios a la ayuda de los técnicos del Consell para la elaboración de los inventarios patrimoniales que debían dar lugar a la actualización de los catálogos municipales y su correspondiente aprobación, gesta a día de hoy sin finalizar en varios municipios.
De siempre ha habido itinerarios capados para montar en bici, principalmente por cuestión de cierres por parte de algún propietario pero no por el hecho de ir en bici, se sabía y se asumía, si bien las noticias sobre estos asuntos tenían que llegarte por cauces mucho más directos que ahora, principalmente el boca a boca y no es hasta la irrupción del internet cuando el efecto llamada se dispara, aparecen numerosas páginas web de gente ilusionada en poder mostrar su afición y compartir momentos divertidos, y el horizonte se amplía con la utilización de aparatos capaces de grabar y leer rutas de otros para poder repetirlas. Que esta tecnología se trasladase a los teléfonos inteligentes no hizo sino incrementar las posibilidades de que cualquiera pudiera sentirse interesado en salir a rodar por la montaña dando así la sensación de que a cada día que pasaba se incrementaba la masificación.
Paralelamente empezaron a surgir algunos debates en el seno de algunas corporaciones municipales sobre la necesidad de prohibir o no el paso sobre ciertos itinerarios, se supo de ciertas iniciativas en Bunyola, Valldemossa, Sóller o Alaró, por citar algunos ejemplos, de todo hay cumplida información de forma pública sobre todo en hilos de foros de la época, pero el que tuvo mayor resonancia fue la exposición pública de la norma del PERPS del Consell del 2008, el que pretendía regular el GR221 en toda su extensión, y que prácticamente cercenaba cualquier ruta que quisieras realizar por la zona ya que era tal el nivel del detalle en la catalogación de los caminos que se llegaban a prohibir a tramos y por conceptos diferentes. Ahí sí hubo una respuesta global y específica en forma de alegaciones y reuniones por lo que se logró que se modificara la norma y quedaran unos pocos caminos prohibidos ya en la aprobación definitiva en el año 2015.
De cada uno de estos casos mentados hubo respuestas muy diferentes por parte del colectivo biker, aunque la misma acepción de colectivo hay que tomarla de manera muy generosa, y es de notar que la aprobación de la norma PERPS del GR222 del 2018 pasara casi desapercibida teniendo como tiene algunas perlas de consideración en puntos estratégicos y en cambio el anuncio del cierre del camí de Sollerich tras su restauración sí obtuvo una respuesta más generalizada. Quizás hubo un acomodamiento tras todos estos revuelos ya que excepto en algunos casos puntuales en el camí vell de Pollença a Lluc donde se pararon a algunos bikeros por salirse de la trazada y hacer rectos poco más se oyó respecto a la circulación por los tramos supuestamente prohibidos.
Mención aparte merece el caso de la Muntanya del Voltor en Valldemossa con su paso a la gestión privada por parte de una fundación que se dedica a estos menesteres, la consecuencia fue la regulación del acceso a los visitantes a pie y la prohibición total del paso de bicicletas y que parece se tomó con bastante resignación y con la convicción de que toda protesta sería inútil.
¿Qué ha cambiado entonces para que ahora estén en boca de todo el mundo todos los conflictos aflorados? Ya fue en el 2011 cuando la Serra de Tramuntana fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO pero cuyo efecto fue como una ola, tuvo su alto y su bajo y después, la calma. En realidad la Serra ya disponía de su plan de ordenación, su PORN, desde el año 2007 pero no del PRUG, la concreción práctica del anterior, y dudo que aún exista, o sea, que lo que es válido ahora ya lo era en su tiempo, la diferencia es que no se aplicaba la normativa, ahora sí, pero no solo esa, sino todas las normativas que puedan existir sobre un itinerario determinado, y no son pocas. Una de ellas podría ser el Pla Especial de Protecció del Lloc Històric de l’Arxiduc Lluís Salvador, en pie desde el 2002, y en el se incluyen no solo bienes inmuebles, también caminos y miradores. En este caso no solamente intervienen legislaciones específicas sobre elementos BIC (Bien de Interés Cultural) ya sean estatales o autonómicas sino también las dispuestas sobre el mismo plan y en último caso las Normas Subsidiarias del municipio afectado y por supuesto es de última aplicación la más restrictiva.
Aparte de todo lo expuesto la última guinda de la tarta la supone la Llei de Camins aprobada a finales del 2018 por el Consell Insular, esta ley trata del régimen jurídico de los caminos públicos como una red donde implantar la práctica del senderismo y pretende ser un avance en la materia pero habida cuenta de que una gran parte de esta red viaria se encuadra en territorio privado era de esperar una respuesta por parte de los propietarios, y no ha sido muy favorable dados los mecanismos que se otorga la administración para resolver los contenciosos si los hubiere. Y no es de extrañar que las primeras denuncias y actuaciones de la autoridad hayan sido en itinerarios privados, caso de la Branson o Bunyolí, aunque el primero no es nuevo, ya hace algunos años afloró el mismo tema aunque al parecer con medios de vigilancia propios, ahora es al contrario, la administración pone el personal, los Agentes de Medio Ambiente, ya sea para vigilancia propia o por encargo de otras administraciones.
Estas actuaciones son de carácter general, no están restringidas a una sola actividad ni a un solo colectivo, se vigilan las acampadas en zonas protegidas, el senderismo, la escalada y btt en zonas restringidas, la circulación a motor dentro del perímetro, el buceo, la pesca, el fondeo, etc., la lista es larga y las quejas, muchas. Esta situación de laissez faire, la autorregulación, parece que ha llegado a su fin y el control será constante, quizás ha llegado también la hora de abordar una reflexión que hemos dejado de lado para nuestra conveniencia y llegar a ser capaces de encontrar un equilibrio entre nuestros deseos y nuestras posibilidades reales, ¿de verdad estamos aportando nosotros al entorno siquiera una mínima parte de lo que éste nos ofrece? Bueno sería saberlo.
Históricamente la gestión de la red viaria ha recaído en los ayuntamientos y Consell que son los entes que se supone tienen la información y el control sobre estos bienes. Solo en parte, ya que por la fuerza de la costumbre o por simple dejadez muchos de estos itinerarios se han perdido, bien por abandono, catástrofes naturales, apropiaciones indebidas, pérdida de documentación y muchas otras causas más, es por ello que hace ya bastantes años se recurrió por parte de los municipios a la ayuda de los técnicos del Consell para la elaboración de los inventarios patrimoniales que debían dar lugar a la actualización de los catálogos municipales y su correspondiente aprobación, gesta a día de hoy sin finalizar en varios municipios.
De siempre ha habido itinerarios capados para montar en bici, principalmente por cuestión de cierres por parte de algún propietario pero no por el hecho de ir en bici, se sabía y se asumía, si bien las noticias sobre estos asuntos tenían que llegarte por cauces mucho más directos que ahora, principalmente el boca a boca y no es hasta la irrupción del internet cuando el efecto llamada se dispara, aparecen numerosas páginas web de gente ilusionada en poder mostrar su afición y compartir momentos divertidos, y el horizonte se amplía con la utilización de aparatos capaces de grabar y leer rutas de otros para poder repetirlas. Que esta tecnología se trasladase a los teléfonos inteligentes no hizo sino incrementar las posibilidades de que cualquiera pudiera sentirse interesado en salir a rodar por la montaña dando así la sensación de que a cada día que pasaba se incrementaba la masificación.
Paralelamente empezaron a surgir algunos debates en el seno de algunas corporaciones municipales sobre la necesidad de prohibir o no el paso sobre ciertos itinerarios, se supo de ciertas iniciativas en Bunyola, Valldemossa, Sóller o Alaró, por citar algunos ejemplos, de todo hay cumplida información de forma pública sobre todo en hilos de foros de la época, pero el que tuvo mayor resonancia fue la exposición pública de la norma del PERPS del Consell del 2008, el que pretendía regular el GR221 en toda su extensión, y que prácticamente cercenaba cualquier ruta que quisieras realizar por la zona ya que era tal el nivel del detalle en la catalogación de los caminos que se llegaban a prohibir a tramos y por conceptos diferentes. Ahí sí hubo una respuesta global y específica en forma de alegaciones y reuniones por lo que se logró que se modificara la norma y quedaran unos pocos caminos prohibidos ya en la aprobación definitiva en el año 2015.
De cada uno de estos casos mentados hubo respuestas muy diferentes por parte del colectivo biker, aunque la misma acepción de colectivo hay que tomarla de manera muy generosa, y es de notar que la aprobación de la norma PERPS del GR222 del 2018 pasara casi desapercibida teniendo como tiene algunas perlas de consideración en puntos estratégicos y en cambio el anuncio del cierre del camí de Sollerich tras su restauración sí obtuvo una respuesta más generalizada. Quizás hubo un acomodamiento tras todos estos revuelos ya que excepto en algunos casos puntuales en el camí vell de Pollença a Lluc donde se pararon a algunos bikeros por salirse de la trazada y hacer rectos poco más se oyó respecto a la circulación por los tramos supuestamente prohibidos.
Mención aparte merece el caso de la Muntanya del Voltor en Valldemossa con su paso a la gestión privada por parte de una fundación que se dedica a estos menesteres, la consecuencia fue la regulación del acceso a los visitantes a pie y la prohibición total del paso de bicicletas y que parece se tomó con bastante resignación y con la convicción de que toda protesta sería inútil.
¿Qué ha cambiado entonces para que ahora estén en boca de todo el mundo todos los conflictos aflorados? Ya fue en el 2011 cuando la Serra de Tramuntana fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO pero cuyo efecto fue como una ola, tuvo su alto y su bajo y después, la calma. En realidad la Serra ya disponía de su plan de ordenación, su PORN, desde el año 2007 pero no del PRUG, la concreción práctica del anterior, y dudo que aún exista, o sea, que lo que es válido ahora ya lo era en su tiempo, la diferencia es que no se aplicaba la normativa, ahora sí, pero no solo esa, sino todas las normativas que puedan existir sobre un itinerario determinado, y no son pocas. Una de ellas podría ser el Pla Especial de Protecció del Lloc Històric de l’Arxiduc Lluís Salvador, en pie desde el 2002, y en el se incluyen no solo bienes inmuebles, también caminos y miradores. En este caso no solamente intervienen legislaciones específicas sobre elementos BIC (Bien de Interés Cultural) ya sean estatales o autonómicas sino también las dispuestas sobre el mismo plan y en último caso las Normas Subsidiarias del municipio afectado y por supuesto es de última aplicación la más restrictiva.
Aparte de todo lo expuesto la última guinda de la tarta la supone la Llei de Camins aprobada a finales del 2018 por el Consell Insular, esta ley trata del régimen jurídico de los caminos públicos como una red donde implantar la práctica del senderismo y pretende ser un avance en la materia pero habida cuenta de que una gran parte de esta red viaria se encuadra en territorio privado era de esperar una respuesta por parte de los propietarios, y no ha sido muy favorable dados los mecanismos que se otorga la administración para resolver los contenciosos si los hubiere. Y no es de extrañar que las primeras denuncias y actuaciones de la autoridad hayan sido en itinerarios privados, caso de la Branson o Bunyolí, aunque el primero no es nuevo, ya hace algunos años afloró el mismo tema aunque al parecer con medios de vigilancia propios, ahora es al contrario, la administración pone el personal, los Agentes de Medio Ambiente, ya sea para vigilancia propia o por encargo de otras administraciones.
Estas actuaciones son de carácter general, no están restringidas a una sola actividad ni a un solo colectivo, se vigilan las acampadas en zonas protegidas, el senderismo, la escalada y btt en zonas restringidas, la circulación a motor dentro del perímetro, el buceo, la pesca, el fondeo, etc., la lista es larga y las quejas, muchas. Esta situación de laissez faire, la autorregulación, parece que ha llegado a su fin y el control será constante, quizás ha llegado también la hora de abordar una reflexión que hemos dejado de lado para nuestra conveniencia y llegar a ser capaces de encontrar un equilibrio entre nuestros deseos y nuestras posibilidades reales, ¿de verdad estamos aportando nosotros al entorno siquiera una mínima parte de lo que éste nos ofrece? Bueno sería saberlo.
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